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63.- ¿Qué es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas?
 
Los párrafos en negro se refieren a: ” Historia ”

El 21 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y abroga la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) del 4 de diciembre de 1948. A diferencia del INI (cuya “cabeza de sector” era, hasta el momento de su desaparición, la Secretaría de Desarrollo Social), la CDI es un organismo descentralizado, no sectorizado, y en la enunciación de sus atribuciones se enfatiza su carácter de instancia consultora, asesora, coordinadora y evaluadora de la acción pública federal hacia los pueblos indígenas. El presidente de la República nombró a Xóchitl Gálvez, indígena hñahñú, nativa del estado de Hidalgo, como la primera Directora General de la CDI.

Hemos seleccionado de la mencionada ley de creación de la CDI los artículos 1, 2 y 3 del Capítulo I, relativos a la naturaleza, objeto, funciones y principios:

(…)
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Capítulo I

De la Naturaleza, Objeto y Funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones:

I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia;

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las disposiciones constitucionales;

III. Realizar tareas de colaboración con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las cuales deberán consultar a la Comisión en las políticas y acciones vinculadas con el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios; de interlocución con los pueblos y comunidades indígenas, y de concertación con los sectores social y privado;

IV. Proponer y promover las medidas que se requieran para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo integral de dichos pueblos y comunidades;

VI. Realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas;

VII. Apoyar los procesos de reconstitución de los pueblos indígenas;

VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que se lo soliciten en asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales;

IX. Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo;

X. Asesorar y apoyar en la materia indígena a las instituciones federales, así como a los estados, municipios y a las organizaciones de los sectores social y privado que lo soliciten;

XI. Instrumentar y operar programas y acciones para el desarrollo de los pueblos indígenas cuando no correspondan a las atribuciones de otras dependencias o entidades de la Administración Pública Federal o en colaboración, en su caso, con las dependencias y entidades correspondientes;

XII. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos internacionales relacionados con el objeto de la Comisión;

XIII. Desarrollar programas de capacitación para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como para las entidades federativas y municipios que lo soliciten, con el fin de mejorar la atención de las necesidades de los pueblos indígenas;

XIV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a sus municipios, para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos y comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los indígenas;

XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales;

XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal;

XVIII. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y los avances e impacto de las acciones de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, estatal y municipal en materia de desarrollo de los pueblos indígenas, y

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 3. La Comisión regirá sus acciones por los siguientes principios:

I. Observar el carácter multiétnico y pluricultural de la Nación;

II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural;

III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

IV. Fomentar el desarrollo sustentable para el uso racional de los recursos naturales de las regiones indígenas sin arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras;

V. Incluir el enfoque de género en las políticas, programas y acciones de la Administración Pública Federal para la promoción de la participación, respeto, equidad y oportunidades plenas para las mujeres indígenas, y

VI. Consultar a pueblos y comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Federal promueva reformas jurídicas y actos administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten significativamente sus condiciones de vida y su entorno.(…)

64.- ¿Qué es la Dirección General de Educación Indígena?
 
Los párrafos en negro se refieren a: ” Historia ”

La Dirección General de Educación Indígena (DGEI) es el área especializada de la Secretaría de Educación Pública para la educación inicial, preescolar y primaria de los niños indígenas del país. La DGEI fue creada en 1978, tras numerosas, diversas y con frecuencia controvertidas experiencias de educación proporcionadas por el Estado (como se verá en la cronología que reproducimos más adelante). En el fondo, de lo que se trataba era de definir el modelo según el cual los indígenas se incorporarían a la nación, y en esa estrategia la educación constituía el principal instrumento de integración. Natalio Hernández ha señalado: “Al triunfo de la revolución mexicana de 1910, emergen dos tendencias fundamentales acerca del pensamiento que habría de regir el modelo de nación del siglo XX. Una de estas corrientes de pensamiento estuvo representada por la antropología mexicana, a través de Manuel Gamio, como puede leerse en su obra Forjando Patria, publicada en 1916. En ella, reivindica el pasado indígena y postula que el nuevo proyecto de nación debe considerar el conocimiento de la realidad indígena, ya que se desconoce el alma, la cultura y los ideales indígenas. La otra corriente, con una tendencia claramente europeizante, estuvo representada por Justo Sierra, como puede apreciarse en el discurso que pronunció en 1902, con motivo de la inauguración del Consejo Superior de Educación Pública. En aquel entonces, en su calidad de Ministro de Educación, Sierra cita la poliglosia, o pluralidad lingüística del país, como obstáculo a la formación plena de la patria. Pide la unificación del habla nacional, estableciendo el castellano como única lengua escolar para así garantizar la unificación social. Los ideales de Gamio empezaron a concretarse en la década de los años 30 con el arribo del General Lázaro Cárdenas a la Presidencia de la República. Durante su gestión, Cárdenas creó el Departamento de Asuntos Indígenas que, entre otras actividades, promovió en 1939 la realización de la Asamblea de Filólogos y Lingüistas. Destacados especialistas en antropología y lingüística tomaron parte en los trabajos de la Asamblea, entre cuyas resoluciones se destacan las siguientes:

    * Capacitación de maestros para el trabajo educativo en las comunidades indígenas

    * Preparación de textos en lenguas indígenas

    * Utilización de alfabetos prácticos para la escritura de las lenguas indígenas.” (HERNÁNDEZ, s/f.:3)

En este proceso fue fundamental la definición teórica y aplicada del indigenismo, especialmente a partir de la creación del Instituto Nacional Indigenista (1948), quien asumió numerosas tareas educativas, y, sobre todo, dio elementos para el cuerpo básico de doctrina con que el Estado establecería un modelo de relación con los indígenas. La propia DGEI da cuenta de los antecedentes que precedieron a su creación, y el clima de crítica al indigenismo al que contribuyeron: los pronunciamientos de Barbados y la denuncia del etnocidio (1971 y 1977), la realización del Primer Congreso Indígena “Fray Bartolomé de las Casas” (Chiapas, 1974), el Congreso Nacional Indígena (1975), la creación de los Consejos Supremos y la intensa actividad de los maestros indígenas que habían desarrollado una importancia experiencia como promotores educativos bilingües. “La lucha indígena contemporánea emerge en la década de los años 70 con la creación de Nechikolistli tlen Nauatlajtouaj Maseualtlamachtianej (Organización de Profesionistas Indígenas Nauas), A.C. (OPINAC) en 1973; el Congreso Indígena de Chiapas en 1974; el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas en 1975; la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües, A.C. (ANPIBAC) en 1977; y el Consejo de Pueblos Indígenas del Valle Matlatzinca del Estado de México en 1978. De manera particular, sobre el tema de educación, cabe destacar la realización del Primer Seminario Nacional de Educación Bilingüe Bicultural, organizado por la ANPIBAC en Oaxtepec, Morelos, en 1979.”(Ibid.:4)

“Durante los setenta -señala la DGEI-, surgieron críticas fundamentales de la ideología y práctica indigenistas y los indígenas hicieron por primera vez reivindicaciones de carácter netamente étnico, ante el proceso de etnocidio; se planteó la necesidad de reconocer la pluralidad étnica del país, de rescatar los valores de las culturas indígenas como valores nacionales a ser conservados y promovidos. Las lenguas indígenas fueron reivindicadas como lenguas nacionales y la educación bilingüe bicultural fue promovida como una meta en sí misma y no simplemente como un paso para facilitar la castellanización. Se formuló la idea del etnodesarrollo como alternativa ante el fracaso de los esquemas desarrollistas. La educación bilingüe-bicultural fue reconocida finalmente como pilar de la educación indígena, pero ha carecido de definición de sus elementos constitutivos y sus modalidades pedagógicas. El ‘indigenismo de participación’ fue proclamado como una nueva práctica indigenista del Estado, se promovió el apoyo y fomento a las culturas populares del país, incluidas las culturas indígenas.” (DGEI, 2000. URL: http://www.seo.org.mx/).

Reproducimos a continuación información proporcionada por la DGEI, que registra diversas iniciativas anteriores a su creación:

    * Periodo 1921-1926Departamento de Educación y Cultura para la Raza Indígena
    * Casa del Estudiante Indígena
    * Casas del Pueblo
    * Misiones Culturales
    * Procuradurías Agrarias para los Pueblos Indígenas
    * Escuelas Normales Rurales
    * Escuelas Prácticas de Agricultura

    * Periodo 1930-1934Oficina de Educación Indígena
    * Escuelas Rurales en el medio indígena
    * Internados para Jóvenes Indígenas
    * Brigadas de Desarrollo y Mejoramiento Indígena
    * Procuraduría de Asuntos Indígenas

    * Periodo 1936-1946
      Departamento de Asuntos Indígenas Asimila los servicios que existían para los pueblos indígenas
    *
      Impulsa y crea Cooperativas de Producción y Consumo en poblaciones indígenas
    *
      Reorienta la función de los internados en Escuela Pre-Vocacionales y Vocacionales de Agricultura
    *
      Realiza Jornadas Culturales y Deportivas con los alumnos de las Escuela Pre-Vocacionales y Vocacionales.
    *
      Organiza y realiza el Primer Congreso Indigenista Interamericano.Impulsa y amplía el uso de materiales en lenguas indígenas de manera experimental y discontinua.Crea Hogares Infantiles
    *
      Funda el Centro de Capacitación de Enfermeras y Trabajadoras Sociales Indígenas en La Huerta, Zinacantepec, Estado de México.
    *
      Convierte las Escuelas Pre-Vocacionales de Comalco, Estado de México, y Los Remedios, Hidalgo, en Centros de Capacitación Técnica y Artística para Jóvenes Indígenas.
    *
      Adscribió con plaza docente, a las Escuelas Pre-Vocacioales y Vocacionales y a las Brigadas de Desarrollo y Mejoramiento, a la primera generación de egresadas y egresados de Enfermería, Trabajo Social, Mecánica, Carpintería, Hilados y Tejidos, Música y Deportes.
      A los egresados que prefirieron regresar a sus comunidades los dotó de herramientas y equipo para la actividad en la que fueron preparados.

    * Periodo 1947-1968
      Dirección General de Asuntos Indígenas
    *
      Sustituye al Departamento Autónomo y retorna a la estructura de la SEP, reasumiendo la operación de los servicios que estaban a cargo del Departamento.
    *
      Funda tres comunidades de Promoción Económica para egresados de las Pre-Vocacionales y Vocacionales.
    *
      Continúa las Jornadas Culturales y Deportivas hasta 1964.
    *
      Impulsa la elaboración e impresión de Cartillas Bilingües con personal del Instituto Lingüístico de Verano.
    *
      Establece el Sistema Nacional de Promotores Culturales y Profesores Bilingües.
    *
      De 1968 a 1970, los servicios de la Dirección General de Asuntos Indígenas pasan a la Dirección de Internados de Primera Enseñanza.

    * Periodo 1971-1978
    *
      Sustituye a la Dirección General de Asuntos Indígenas y asume los servicios que estuvieron temporalmente en la Dirección de Internados.
    *
      Establece el Programa de Educación Bilingüe Bicultural.

    * Periodo 1978-2003
      Dirección General de Educación Indígena
    *
      Sustituye a la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena con los servicios que ésta controlaba.
    *
      Establece la Licenciatura en Etnolingüística en la que capacita a 92 profesores bilingües.
    *
      Continúa la edición y distribución de materiales de apoyo didáctico en lengua indígena.
    *
      Cambia el Programa de Educación Indígena Bilingüe-Bicultural, y a partir de 1996 inicia el de Educación Intercultural Bilingüe, con el que participa en las II Jornadas Internacionales de Educación Intercultural, de Bogotá, Colombia. (Ibid.)

Actualmente, además de los servicios de educación inicial, preescolar y primaria de los niños indígenas, la DGEI atiende a 1,076 albergues escolares (cuya administración está a cargo de la CDI) y 27 Centros de Integración Escolar. Para el ciclo escolar 2003-2004 reportó la cifra de 1,195,639 alumnos en la Educación Básica e Inicial, y 65,183 en los Servicios de Apoyo (albergues y centros), y tiene presencia en 25 entidades federativas que cuentan con cantidades significativas de población indígena. (Información proporcionada por la DGEI para este libro. C. Z. y E. Z. M.)

Las atribuciones que le confiere la ley son las siguientes:

I.- Proponer normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación indígena, cuidando que tengan una orientación intercultural bilingüe que asegure la formación integral de los alumnos pertenecientes a los diferentes grupos étnicos, así como también que protejan y promuevan el desarrollo de sus lenguas, costumbres, recursos y formas específicas de organización, y difundir los aprobados;

II.- Actualizar las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación indígena;

III.- Verificar, con la participación de las autoridades educativas locales, y en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, el cumplimiento de las normas pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje aprobados para la enseñanza de la educación indígena;

IV.- Aplicar con carácter experimental, en coordinación con la Dirección General de Investigación Educativa, normas pedagógicas, planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje de la educación indígena;

V.- Establecer mecanismos de coordinación con la Dirección General de Normatividad, con objeto de que sean incorporados en los planes y programas de estudio para la formación de docentes y en los programas de capacitación y actualización de los mismos, las innovaciones que se hayan incluido en los planes y programas de estudio de la educación indígena;

VI.- Establecer mecanismos de coordinación con las direcciones generales de Normatividad y de Materiales y Métodos Educativos para adaptar e incorporar a la educación indígena los cambios e innovaciones de planes y programas de estudio, contenidos, métodos, materiales y auxiliares didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje que se lleven a cabo en la educación básica;

VII.- Diseñar contenidos educativos, materiales y auxiliares didácticos para la elaboración de programas de radio y televisión, acordes con la comunidad a quienes se dirijan, en apoyo a los planes y programas de estudio de la educación indígena;

VIII.- Analizar, y en su caso, considerar las opiniones de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, con el fin de incorporar aquellas que aporten elementos para modernizar y elevar la calidad de la educación indígena, y

IX.- Realizar investigaciones para el desarrollo y la supervisión de las tareas de educación indígena, coordinándose, en su caso, con la Dirección General de Investigación Educativa, así como también fomentar las que efectúen los sectores público y privado. (Ibid).

74.- ¿Qué es el Instituto Indigenista Interamericano?
 
Los párrafos en negro se refieren a: ” Historia ”

Los movimientos políticos y sociales americanos de las primeras décadas del siglo XX habían generado en numerosos países de la región un clima favorable a la creación de nuevas instituciones y al establecimiento de lazos continentales, a lo que no eran ajenas las tendencias panamericanistas de los Estados Unidos. El impacto de la Revolución Mexicana, un sentimiento nacionalista y anti-imperialista en diversos países y la preocupación declarada por la situación de las poblaciones indígenas, entre otros factores, llevaron a que la Octava Conferencia Internacional Panamericana (Lima, Perú, 1938) resolviera “que el Congreso Continental de Indianistas estudie la conveniencia de establecer un Instituto Indigenista Interamericano.” (Marroquín, 1977:59) El acuerdo se concretó en 1940, en Pátzcuaro, Michoacán, con la celebración del Primer Congreso Indigenista Interamericano, disponiéndose la creación de tres órganos indigenistas que debían operar coordinadamente: “los Congresos Indigenistas Interamericanos, el Instituto Indigenista Interamericano y los Institutos Indigenistas Nacionales. El Instituto adquiriría vigencia jurídica desde el momento en que cinco países ratificaran la convención.” (Ibid.60). Esto ocurrió dos años después, al hacerse efectiva la ratificación de México, Estados Unidos, Ecuador, El Salvador, Honduras y Nicaragua; y aunque la existencia legal del III debe fecharse en 1942 es importante señalar que las orientaciones políticas y disciplinarias, y las temáticas prioritarias, quedaron establecidas en el congreso fundacional de Pátzcuaro. Los institutos nacionales (como el INI mexicano, creado en 1948) tendrían el carácter de filiales del III, en el entendido de que tanto éstos como el III debían cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los Congresos. El III quedaba así constituido en el organismo encargado de orientar y coordinar las políticas indigenistas de todo el continente, anhelo que estuvo siempre lejos de cumplirse debido a las decisiones de política interna de los países, a la debilidad de sus finanzas y a los mecanismos de “respeto a la soberanía de los estados miembros” que normaban finalmente las relaciones. Frente a esas limitaciones, el III tuvo sus mejores momentos como instancia técnico-política, como semillero de las ideas basales del indigenismo, como impulsor del desarrollo y aplicación de las ciencias sociales al estudio y resolución de los problemas indígenas, y como espacio de formación de cuadros. Su destacadísima labor editorial se materializó en un grupo de publicaciones célebres: la revista América Indígena, el Boletín Indigenista (sustituido años más tarde por el Anuario Indigenista) y las colecciones de libros, manuales, informes y folletos en los que colaboraron los más destacados científicos sociales durant varias décadas.

Al cumplirse 30 años de la creación del Instituto Indigenista Interamericano, Alejandro Marroquín redactó un lúcido Balance del indigenismo (Marroquín, 1972) en el que daba cuenta del proceso de creación y trayectoria tanto del organismo interamericano como de las experiencias que en la materia se habían llevado a cabo en México, Guatemala, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia, y cerraba su estudio con una sección denominada “Éxitos y fracasos de la política indigenista.” No desdeñaba la labor teórica del indigenismo, la forja de una de las políticas de Estado más importantes del siglo ni el notable desarrollo de las ciencias sociales ligado a la temática indígena, pero subrayaba:

Es un hecho que el indigenismo, como ideología y como acción práctica, está atravesando una seria crisis […] La situación de América y de los indígenas en particular, ha cambiado profundamente. La teoría indigenista se ajusta a condiciones en su mayor parte periclitadas por el empuje impetuoso de la historia. Es cierto que los dirigentes indigenistas, especialmente los mexicanos, trataron de acomodar y actualizar la teoría a los cambios que se estaban operando. Pero aún así, esta nueva realidad impone la revisión del indigenismo, tanto de su teoría como de su práctica, tanto de sus fines y objetivos, como de sus procedimientos metodológicos. Esta necesidad de ajustar el indigenismo a la nueva situación es precisamente lo que origina la actual crisis; crisis sin lugar a duda, sana y estimulante, puesto que significa un trace decisivo, un estímulo eficaz para la creación de un nuevo indigenismo, que sin renegar de todos los aspectos positivos del antiguo, signifique para los pueblos indígenas una garantía de su liberación. (Ibid. 287)

Al análisis de Marroquín no escapaba la percepción de los obstáculos recurrentes con los que tropezaba el Instituto:

El nervio del problema consiste en que confrontamos una situación aparentemente dilemática: si el Instituto se convierte en un organismo técnico se desviará hacia el academismo intrascendente porque estará imposibilitado de actuar en los diversos países que lo integran; y si se orienta por el aspecto político, dejará de ser una institución técnica, pero en cambio tendrá ancho margen de posibilidades prácticas. Parece ser que nos encontramos ante una situación antinómica: o institución técnica o institución política; lo uno excluye lo otro. (Ibid. 68)

Quizás con cierta ingenuidad -por el ejemplo escogido-, pero apuntando a un problema real de relaciones de poder, Marroquín sugería que el III debía ser como el Banco Interamericano de Desarrollo, a quien “nadie le niega su carácter técnico”, pero que cuenta con una organización que le permite cierto control sobre los estados. La comparación con un organismo financiero resultaba paradójica si se piensa que, precisamente, el principal ingreso monetario eran (y aún lo son) las magras y tardías cuotas que los países aportan al Instituto.

Más allá de la crisis profunda y de las características del entorno que registraba Marroquín, los logros del III no pueden ser minimizados: en los estudios, congresos y proyectos aplicados fue una institución que persistentemente señaló temas y problemas como el de la propiedad de la tierra y del reparto agrario, la discriminación y el racismo, la importancia de las lenguas y de las culturas indígenas, la situación de la mujer, el combate prioritario a ciertas enfermedades endémicas en las regiones indias (oncocercosis, paludismo, tuberculosis, tracoma, mal de Chagas), los déficit nutricionales, la importancia del saneamiento básico, el acceso a los servicios médicos y la defensa de la medicina tradicional, la educación (en especial, la alfabetización en la lengua materna y, en general, el apoyo a los proyectos de educación bilingüe), el respeto al derecho indígena, la lucha por el mejoramiento de las economías indígenas, el impulso a las artesanías, la revaloración del arte y la protección del trabajo de los artistas indios, la necesidad de conservar el registro de tradiciones vivas (literatura, diseños y el trabajo pionero de la etnomusicología), la preocupación por el alcoholismo, el impulso a proyectos de desarrollo de la comunidad, el debate ecológico, los movimientos religiosos y los nuevos movimientos etnopolíticos, además de su invalorable empresa editorial.

Con el propósito de reestructurar al Instituto para adaptarlo a las nuevas circunstancias, Oscar Arze Quintanilla (a partir de 1977) y José del Val Blanco (nombrado director en 1995) intentaron sin demasiado éxito la aplicación de un Plan Quinquenal de Acción Indigenistas, el primero, y la reforma de la Carta de Pátzcuaro (la Convención en la que están establecidas las líneas político-administrativas fundamentales), la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la OEA, y la creación del Foro Permanente de Pueblos Indígenas de las Américas (también en el seno de la OEA), el segundo. Iniciativas importantes que respondían en buena medida al nuevo carácter de la demanda indígena continental.

Como ocurre con el indigenismo en general, la elaboración de una historia del III, con el balance respectivo, es una tarea pendiente. Su concreción permitirá proyectar luz sobre uno de los movimientos más ricos y complejos del siglo, y elucidar las relaciones entre los Estados americanos, la poblaciones indígenas, los afroamericanos, el conjunto de las sociedades nacionales y el orden institucional en el que se desenvolvió y aún se desenvuelve el III.

Dirigieron el III: Manuel Gamio, Miguel León-Portilla, Gonzalo Aguirre Beltrán, Oscar Arze Quintanilla, José Matos Mar y José del Val Blanco. El Comité Ejecutivo Provisional que se encargó de la realización del Congreso Indigenista Interamericano de 1940 tuvo como principal animador a Luis Chávez Orozco. A Moisés Sáenz se le encomendó la Dirección Provisional del Instituto. Designado embajador de México en Perú -situación que dio lugar a la gestión interina de Carlos Girón Cerna, de Guatemala-, Sáenz murió sin poder asumir el cargo, para el que fue designado Gamio.

En 2002 asumió la Dirección del III Guillermo Espinosa Velasco (ex director General de Instituto Nacional Indigenista, de México), cuyo programa de trabajo, aprobado por el Consejo Directivo, da continuidad a la publicación de América Indígena y se propone reactivar el proyecto del Centro de Documentación, la reanudación de las actividades públicas de la biblioteca, dar inicio a una serie de estudios denominada “Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas del continente americano”, la exploración de nuevas relaciones con las organizaciones y pueblos indígenas del continente, y la producción en medios electrónicos de materiales provenientes de los acervos documentales con que cuenta el importante archivo de la institución. (Instituto Indigenista Interamericano, 2002)

 

75.- ¿Qué es la Convención de Pátzcuaro?
 
Los párrafos en negro se refieren a: ” Historia ”

El Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Pátzcuaro en 1940, encargó a la Dirección Provisional que elabora la Convención, es decir, el documento que acordarían los “gobiernos contratantes” para concretar el conjunto de medidas acordadas. Desde entonces se conoce oficialmente a este documento como la Convención de Pátzcuaro. En los preliminares que anteceden al articulado, se señala:

Los Gobiernos contratantes acuerdan elucidar los problemas que afectan a los núcleos indígenas en sus respectivas jurisdicciones, y cooperar entre sí sobre las base del respeto mutuo de los derechos inherentes a su completa independencia para la resolución del problema indígena en América, por medio de reuniones periódicas, de un Instituto Indigenista Interamericano, y de Institutos Indigenistas Nacionales, cuya organización y funciones serán regidas por la presente Convención.

Los primeros países que ratificaron la Convención fueron Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México y Perú.

En los últimos años, particularmente durante la gestión del etnólogo José del Val, se analizó la posibilidad de una reforma o, como sucede actualmente en la gestión del maestro Guillermo Espinosa Velasco, de una reglamentación de la Convención.

76.- ¿Qué importancia tuvieron las llamadas Declaraciones de Barbados I y Barbados II?
 
Los párrafos en negro se refieren a: ” Historia ”

“En enero de 1971, bajo la coordinación del Dr. Georg Grümberg, con el apoyo económico del Programa para Combatir el Racismo del Consejo Mundial de las Iglesias (CMI, Ginebra) y bajo el auspicio de la Universidad de Berna (Suiza) y la Universidad de la Indias Occidentales (Barbados), se realizó el simposio Fricción interétnica en América del Sur No-Andina, con la exclusiva participación de antropólogos” interesados en denunciar las acciones de genocidio y etnocidio que afectaban a los grupos tribales de las áreas selváticas de América del Sur.

El producto más conocido de esta reunión fue la declaración “Por la Liberación del Indígena”, comúnmente conocida como “Declaración de Barbados” en la cual se llama la atención de la opinión pública mundial sobre la situación de los indígenas sudamericanos y se responsabiliza de la misma a los estados nacionales, a las misiones religiosas y a los antropólogos […] La Declaración reconoce que los pueblos indígenas de América tienen pleno derecho y plena capacidad para crear sus propias alternativas históricas de liberación […] Seis años después de Barbados I, ante la aceleración de la dinámica étnica manifestada en la aparición de nuevas organizaciones y movimientos indígenas en casi toda América Latina, se consideró importante realizar una reunión que a partir del análisis global de los movimientos indígenas de liberación, lograra formular algunos de los elementos conducentes a una conciencia estratégica unificada.

A diferencia de la anterior, esta segunda reunión logró una fuerte presencia indígena, fue coordinada también por “el doctor Grünberg, y contó con el aporte económico del Programa para Combatir el Racismo del CMI (Ginebra). La organización del encuentro estuvo a cargo del Centro Antropológico de Documentación de América Latina, AC (CADAL, México), siendo la Universidad de las Indias Occidentales (Barbados) el espacio institucional donde se realizó el mismo entre el 18 y el 28 de julio de 1977” (Grupo de Barbados, mayo, 1978).

La Reunión de Barbados de 1971 y la Declaración correspondiente impactó a diversos sectores: la Iglesia Católica, sintiéndose ofendida, convocó a una reunión en Asunción del Paraguay, en 1974; Los Menonitas del Chaco paraguayo contrataron a un antropólogo holandés, Stahl, para analizar aquellas prácticas que eran señaladas como etnocidas; Gonzalo Aguirre Beltrán refutó a los animadores de Barbados por las denuncias de etnocidio, considerando que se trataba de un ataque contra el indigenismo (incluido el mexicano), cuando en realidad aquellas se dirigían a examinar la situación de pueblos no andinos (selváticos) de América del Sur.

La declaración final, que reproducimos íntegramente aquí, constituye uno de los documentos más importantes del movimiento indígena de América en la década de los 70.

Declaración de Barbados II
Hermanos indios:
En América los indios estamos sujetos a una dominación que tiene dos caras: la dominación física y la dominación cultural.

La dominación física se expresa, en primer término, en el despojo de la tierra. Este despojo comenzó desde el momento mismo de la invasión europea y continúa hasta hoy. Con la tierra se nos han arrebatado también los recursos naturales: los bosques, las aguas, los minerales, el petróleo. La tierra que nos queda ha sido dividida y se han creado fronteras internas e internacionales, se ha aislado y dividido a los pueblos y se ha pretendido enfrentar a unos contra otros.

La dominación física es una dominación económica. Se nos explota cuando trabajamos para el no-indio, quien nos paga menos de lo que produce nuestro trabajo. Se nos explota también en el comercio porque se nos compra barato lo que producimos (las cosechas, las artesanías) y se nos vende caro.

La dominación no es solamente local o nacional sino internacional. Las grandes empresas trasnacionales buscan la tierra, los recursos, la fuerza de trabajo y nuestros productos, y se apoyan en los grupos poderosos y privilegiados de la sociedad no india.

La dominación física se apoya en la fuerza y la violencia y las usa en contra nuestra.

La dominación cultural puede considerarse realizada cuando en la mentalidad del indio se ha establecido que la cultura occidental o del dominador es la única y el nivel más alto del desarrollo, en tanto que la cultura propia no es cultura, sino el nivel más bajo de atraso que debe superarse; esto trae como consecuencia la separación por medio de vías educativas de los individuos integrantes de nuestro pueblo.

La dominación cultural no permite la expresión de nuestra cultura o desinterpreta o deforma sus manifestaciones.

La dominación cultural se realiza por medio de:

La política indigenista, en la que se incluyen procesos de integración o aculturación a través de diversas instituciones nacionales o internacionales, misiones religiosas, etcétera.

El sistema educativo formal que básicamente enseña la superioridad del blanco y la pretendida inferioridad de nosotros, preparándonos así para ser más fácilmente explotados.

Los medios masivos de comunicación que sirven como instrumentos para la difusión de las más importantes formas de desinterpretar la resistencia que oponen los pueblos indios a su dominación cultural.

Como resultado de la dominación nuestro pueblo está dividido, porque vive tres situaciones diferentes:

1. Los grupos que han permanecido relativamente aislados y que conservan sus propios esquemas culturales.

2. Los grupos que conservan gran parte de su cultura, pero que están directamente dominados por el sistema capitalista.

3. El sector de la población que ha sido desindianizado por las fuerzas integracionistas y ha perdido sus esquemas culturales a cambio de ventajas económicas limitadas.

Para el primero, el problema inmediato es sobrevivir como grupo; para ello es necesario que tengan garantizados sus territorios.

El segundo grupo está dominado física y económicamente; necesita, en primer lugar, recuperar el control de sus recursos.

El último grupo tiene como problema inmediato liberarse de la dominación cultural a que está sometido y recuperar su propio ser, su propia cultura.

En conclusión, el problema de nuestra población se resume así:

1. Una situación de dominación cultural y física cuyas formas de ser van desde el sojuzgamiento por una minoría blanca o criolla, hasta el peligro de extinción en países en que constituyen bajo porcentaje de la población.

2. Los pueblos indoamericanos están divididos internamente o entre sí por la acción de las políticas de integración, educativas, de desarrollo, los sistemas religiosos occidentales, las categorías económicas y las fronteras de los estados nacionales.

Como consecuencia, de la situación actual de nuestro pueblo y con el objeto de trazar una primera línea de orientación para su lucha de liberación se plantea el siguiente gran objetivo:

Conseguir la unidad de la población india, considerando que para alcanzar esta unidad el elemento básico es la ubicación histórica y territorial en relación con las estructuras sociales y el régimen de los estados nacionales, en tanto se está participando total o parcialmente en estas estructuras. A través de esta unidad, retomar el proceso histórico y tratar de dar culminación al capítulo de colonización.

Para alcanzar el objetivo anterior se plantean las siguientes estrategias:

A. Es necesario una organización política propia y auténtica que se dé a propósito del movimiento de liberación.

B. Es necesario una ideología consistente y clara que pueda ser del dominio de toda la población.

C. Es necesario un método de trabajo que pueda utilizarse para movilizar una mayor cantidad de población.

D. Es necesario un elemento aglutinador que persista desde el inicio hasta el final del movimiento de liberación.

E. Es necesario conservar y reforzar las formas de comunicación interna, los idiomas propios, y crear a la vez un medio de información entre los pueblos de diferente idioma, así como mantener los esquemas culturales básicos especialmente relacionados con la educación del propio grupo.

F. Es necesario considerar y definir a nivel interno las formas de apoyo que puedan darse a nivel internacional.

Los instrumentos que pueden usarse para realizar las estrategias mencionadas son, entre otros, los siguientes:

A. Para la organización política puede partirse de las organizaciones tradicionales tanto como de nuevas organizaciones de tipo moderno.

B. La ideología debe formularse a partir del análisis histórico.

C. El método de trabajo inicial puede ser el estudio de la historia para ubicar y explicar la situación de dominación.

D. El elemento aglutinador debe la cultura propia, fundamentalmente para crear conciencia de pertenecer al grupo étnico y al pueblo indoamericano.

Barbados, 28 de julio de 1977.
(VS. AS., 1979:10-14 y 389-392)

77.- ¿Qué es el Informe Martínez Cobo y cuál fue su importancia para los pueblos indígenas del mundo?
 
Los párrafos en negro se refieren a: ” Historia ”

Al trazar la historia de las relaciones entre los pueblos indígenas y la Organización de las Naciones Unidas, el alto organismo internacional ha dado cuenta de una serie de contactos esporádicos sostenidos con aquellos durante el periodo comprendido entre 1920 y 1970; contactos en los que las demandas de los indígenas no encontraron eco ni en la antigua Sociedad de las Naciones ni en la nueva organización. Esta situación empezó a cambiar, precisamente en 1970, cuando “la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías recomendó que se llevara a cabo un estudio general y completo del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas. En 1971, el Sr. José R. Martínez Cobo (Ecuador) fue nombrado Relator Especial para dicho estudio, en el que se debían proponer medidas nacionales e internacionales para eliminar la discriminación.” (ONU s/f). Su informe final se denominó “Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas” y fue presentado en sucesivas entregas entre 1981 y 1984 (documento ONU E/CN.4/Sub.2/1986/7, de 1986).

“El Relator Especial abordó una amplia gama de cuestiones de derechos humanos. Entre éstas se incluían una definición de las poblaciones indígenas, el papel de las organizaciones intergubernamentales y de las organizaciones no gubernamentales, los principios básicos y la eliminación de la discriminación en materia de derechos humanos, así como áreas especiales de acción en esferas tales como la salud, la vivienda, la educación, la lengua o idioma, y la cultura y las instituciones sociales, culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos y prácticas religiosos, y la igualdad en la administración de justicia. Sus conclusiones, propuestas y recomendaciones son un hito importante en el estudio por las Naciones Unidas de los problemas de derechos humanos con que se enfrentan los pueblos indígenas; muchas de ellas se estudian todavía y otras se han incorporado en resoluciones de la Subcomisión. (ONU, 1995)

El Relator Especial concluía señalando que el estudio demostraba claramente que el clima social en que vivía la gran mayoría de las poblaciones indígenas era propicio a los tipos concretos de discriminación, opresión y explotación en diversas esferas descritos en el estudio. En muchos países los pueblos indígenas no tenían las mismas oportunidades de empleo, ni igual acceso que los otros grupos a los servicios públicos y/o a la protección en las esferas de salud, las condiciones de vivienda, la cultura, la religión y la administración de justicia. También señalaba que no podían participar significativamente en la vida política y que, por mucho tiempo, las poblaciones indígenas se habían resignado a esa situación o se habían esforzado por asimilar la cultura no indígena como única forma para lograr vivir en mejores condiciones. (OEA, 1999).

El Informe Martínez Cobo tuvo una importancia decisiva al menos sobre tres asuntos sobresalientes: 1) la difusión de información, desde la ONU, sobre la situación de los pueblos indígenas mediante este extenso y documentado estudio; 2) la creación, en el seno del Consejo Económico y Social, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, de la ONU; la creación del Grupo respondió a una propuesta formulada por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, que contó con el apoyo de las organizaciones Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos; 3) el avance en la caracterización de los pueblos indígenas y en una serie de asuntos relacionados que más tarde serían examinados y, en buena medida, retomados por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

El Informe Martínez Cobo contiene la siguiente caracterización de los indígenas:

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. (ONU, doc. núm. E/CN.4/Sub.2/1986/87)

Aunque Martínez Cobo, miembro ecuatoriano de la Subcomisión fue nombrado relator especial para este estudio, el amplio trabajo de investigación comparativa que le subyace, lo llevó a cabo Augusto Willemsen Díaz, guatemalteco, funcionario del Centro de Derechos Humanos de la Secretaría General. (Stavenhagen, 1998:62, núm. 11. También, Rodríguez, 12/07/2004).

78.- ¿Qué importancia tuvo la Declaración de San José (Costa Rica) sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina?
 
Los párrafos en negro se refieren a: ” Historia ”

La Declaración de San José sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina (también conocida como Declaración de Costa Rica sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina) fue aprobada al término de una reunión organizada entre el 7 y el 11 de diciembre de 1981 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), con el auspicio de la UNESCO, en la que participaron alrededor de cincuenta líderes indígenas, académicos y funcionarios gubernamentales e internacionales. La Declaración fue redactada por Augusto Willemsen Díaz, Stefano Varese y Nemesio Rodríguez, a partir de los debates y acuerdos de la reunión que, además, produjo un conjunto de recomendaciones a los estados miembros de la OEA y a los organismos internacionales sobre tierra y territorio, lingüística, educación, comunicación e información. Observada en perspectiva, la Declaración se ubica en la tendencia inaugurada en la década de los 70 por diferentes movimientos etnopolíticos, por las dos Conferencias Barbados (1971 y 1977), por las reuniones que tuvieron como tema “Los pueblos Indígenas y la Tierra”, y por la apertura en Naciones Unidas a las representaciones indígenas en el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos (y a la que contribuyó decisivamente Willemsen Díaz, que trabajaba en el llamado Informe Martínez Cobo); en buena medida, proveyó elementos para la discusión sobre los procesos autonómicos. Es, además, el acta de nacimiento del etnodesarrollo, formulación de gran impacto en el continente que no sólo recibió sólidos aportes teóricos[35] sino que fue bandera de lucha de los indígenas en Colombia, México, Perú y Venezuela, principalmente. Varios de los gobiernos hicieron oficial la política del etnodesarrollo -en versiones muy diversas a las planteadas en San José-, entre ellos México, en donde el llamado indigenismo de participación encontró como espacio para estas propuestas los llamados COCOPLA (Comités Comunitarios de Planeación), precursores del Programa de Fondos Regionales de Solidaridad[36] que el INI desarrolló a partir de 1990 y que continúa, como Fondos Regionales, hasta el presente. Una versión más reciente del etnodesarrollo es la impulsada por el Banco Mundial, asociada a la Directriz Operacional 4.20.[37]

Por la importancia de este multicitado documento y por la dificultad para obtenerlo,[38] es que decidimos transcribir completo el texto de la Declaración:

Declaración de San José sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina
Desde hace algunos años se viene denunciando en forma creciente en distintos foros internacionales, la problemática de la pérdida de la identidad cultural de las poblaciones indias de América Latina. Este proceso complejo, que tiene raíces históricas, sociales, políticas y económicas, ha sido calificado de etnocidio.

El etnocidio significa que a un grupo étnico, colectiva o individualmente, se le niega su derecho de disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua. Esto implica una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural, tal como lo establecen numerosas declaraciones, pactos y convenios de las Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como diversos organismos regionales intergubernamentales y numerosas organizaciones no gubernamentales.

En forma cada vez más insistente las organizaciones representativas de diversos grupos indígenas en América Latina y los especialistas en el tema de que tratamos, han proclamado la necesidad de contrarrestar el etnocidio y de poner en marcha un proceso de auténtico etnodesarrollo, es decir, el establecimiento y la aplicación de políticas tendientes a garantizar a los grupos étnicos el libre ejercicio de su propia cultura.

Respondiendo a esta demanda, la UNESCO convocó a una reunión internacional sobre etnocidio y etnodesarrollo en América Latina que, con la colaboración de la FLACSO, se celebró en diciembre de 1981 en San José, Costa Rica.

Los participantes, indios y otros expertos, por tanto:

1. Declaramos que el etnocidio, es decir el genocidio cultural, es un delito de derecho internacional al igual que el genocidio condenado por la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio desde 1948.

2. Afirmamos que el etnodesarrollo es un derecho inalienable de los grupos indios.

3. Entendemos por etnodesarrollo la ampliación y consolidación de los ámbitos de la cultura propia, mediante el fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de una sociedad culturalmente diferenciada para guiar su propio desarrollo y el ejercicio de la autodeterminación, cualquiera que sea el nivel que considere, e implican una organización equitativa y propia del poder. Esto significa que el grupo étnico es una unidad político administrativa con autoridad sobre su propio territorio y capacidad de decisión en los ámbitos que constituyen su proyecto de desarrollo dentro de un proceso de creciente autonomía y autogestión.

4. Desde la invasión europea los pueblos indios de América han visto negada o distorsionada su historia, a pesar de sus grandes contribuciones al progreso de la humanidad, lo que ha llegado a significar la negación de su existencia. Rechazamos esta inaceptable falsificación.

5. Como creadores, portadores y reproductores de una dimensión civilizatoria propia, como rostros únicos y específicos del patrimonio de la humanidad, los pueblos, naciones y etnias indias de América son titulares colectiva e individualmente de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, hoy amenazados. Nosotros, los participantes en esta Reunión, exigimos el reconocimiento universal de todos estos derechos.

6. Para los pueblos indios la tierra no es sólo un objeto de posesión y de producción. Constituye la base de su existencia en los aspectos físico y espiritual en tanto entidad autónoma. El espacio territorial es el fundamento y la razón de su relación con el universo y el sustento de su cosmovisión.

7. Estos pueblos indios tienen derecho natural e inalienable a los territorios que poseen y a reivindicar las tierras de las cuales han sido despojados. Lo anterior implica el derecho al patrimonio natural y cultural que el territorio contiene y a determinar libremente su uso y aprovechamiento.

8. Constituyen parte esencial del patrimonio cultural de estos pueblos su filosofía de la vida, conocimientos y logros acumulados históricamente en las esferas culturales, sociales, políticas, jurídicas, científicas y tecnológicas y, por ello, tienen derecho al acceso, la utilización, la difusión y la transmisión de todo este patrimonio.

9. El respeto a las formas de autonomía requeridas por estos pueblos es la condición imprescindible para garantizar y realizar estos derechos.

10. Además, las formas propias de organización interna de estos pueblos hacen parte de su acervo cultural y jurídico que ha contribuido a su cohesión y el mantenimiento de su tradición socio-cultural.

11. El desconocimiento de estos principios constituye una violación flagrante del derecho de todos los individuos y los pueblos a ser diferentes, y a ser considerados como tales, derecho reconocido en la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en 1978 y por ello debe ser condenado, sobre todo cuando crea un riesgo de etnocidio.

12. Además crea desequilibrio y falta de armonía en el seno de la sociedad y puede llevar a los pueblos al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión y a poner en peligro la paz mundial y, consecuentemente, es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y al Acta Constitutiva de la UNESCO.
San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 1981.

[35] Entre otras, las propuestas sobre cultura propia/cultura ajena y la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil, uno de los asistentes a la reunión de Costa Rica. (Bonfil, 1982:133-145).

[36] Sobre los Cocopla y, con mayor detalle, sobre los Fondos Regionales de Solidaridad, ver INI, 2000b:99-119.

[37] Véase, por ejemplo, el caso del Prodepine (Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador) que ha encontrado eco en organismos como el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, y severas críticas de organizaciones indígenas importantes, como la Asociación Napguana Kuna, de Panamá, y de líderes indígenas como Luis Macas. Proyectos de Etnodesarrollo del Banco Mundial existen hoy en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.

[38] Hasta donde llega nuestro conocimiento, el texto de la Declaración sólo consta en la edición original de FLACSO (Véase: Bonfil, Ibarra, Varese, Verissimo, Tumiri et al.23-26).